Despido de empleada doméstica: qué hay que pagar

Seis meses, para las dos modalidades. Y es un cambio reciente que casi nadie publicó. El texto original del artículo 7 de la Ley 26.844, vigente desde 2013, decía «durante los primeros treinta (30) días de su vigencia respecto del personal sin retiro; y durante los primeros quince (15) días de trabajo en tanto no supere los tres (3) meses para el personal con retiro». El artículo 107 de la Ley 27.802 lo sustituyó el 6 de marzo de 2026 por un plazo único: «durante los primeros seis (6) meses de vigencia», sin distinguir modalidad. Para el personal sin retiro el período de prueba se multiplicó por seis.

Indemnización, no. El artículo 7 dice que cualquiera de las partes puede extinguir la relación durante ese lapso «sin expresión de causa y sin generarse derecho a indemnización alguna con motivo de la extinción» — y la palabra «alguna» tampoco estaba en el texto anterior. Pero eso no es lo mismo que no pagar nada: los días trabajados del mes son salario y se pagan siempre, y el aguinaldo proporcional lo manda el artículo 28 «cuando se opere la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa». Lo que no corresponde es la indemnización por antigüedad del artículo 48.

Diez días si la antigüedad es menor a un año y treinta si es mayor, cuando el despido lo dispone el empleador (artículo 42 inciso b). Si es la empleada la que renuncia, son 10 días (inciso a). Si el empleador no lo da, paga la indemnización sustitutiva del artículo 43, equivalente al sueldo de esos días. Y hay un detalle propio del régimen que suele faltar: durante el preaviso, el personal sin retiro tiene derecho a diez horas semanales remuneradas para buscar otro trabajo (artículo 45).

Un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando «la mejor remuneración, mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor» (artículo 48). El piso es un mes de sueldo: nunca puede ser menos. Y una diferencia importante con el régimen general: acá no hay tope de convenio como el del artículo 245 de la LCT — el artículo 48 no lo prevé.

Cada vez menos, y eso cambió el 6 de marzo de 2026. Hasta entonces el inciso b) del artículo 2° de la LCT —escrito por el artículo 72 de la propia Ley 26.844— decía que la LCT no se aplica al personal de casas particulares «sin perjuicio que las disposiciones de la presente ley serán de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen específico». El artículo 1º de la Ley 27.802 lo reescribió: ahora la excepción es «con la sola excepción de aquellas normas que el régimen de la Ley (…) N° 26.844 (…) expresamente declare aplicables». La regla se dio vuelta: pasó de «se aplica salvo incompatibilidad» a «no se aplica salvo remisión expresa». Que fue deliberado se ve en el inciso siguiente: el de los trabajadores agrarios conserva la fórmula vieja de aplicación supletoria.

Acá hay un punto abierto que conviene conocer antes de firmar nada. La Ley 26.844 no tiene un artículo equivalente al 156 de la LCT: la expresión «no gozada» no aparece en toda la norma. Lo que sí tiene es el artículo 30, que da un día de descanso por cada veinte de trabajo efectivo a quien no llegó a los seis meses del año. Hasta el 5 de marzo de 2026, el vacío se llenaba con la LCT por vía supletoria. Desde el 6 de marzo, esa vía exige remisión expresa del régimen, y el régimen no remite. La calculadora liquida el proporcional como se venía haciendo, pero el fundamento cambió: es un tema que van a definir los tribunales y vale consultarlo con un profesional.

El Título X de la Ley 27.802 tocó cuatro artículos. Además del período de prueba: el artículo 14 admite distribuir la semana en forma desigual hasta nueve horas diarias, permite reemplazar la ropa de trabajo por una suma no remunerativa una vez cumplido el período de prueba y escribe la pausa de doce horas entre jornadas para el personal con retiro; el artículo 20 vuelve obligatorio el recibo electrónico emitido por el sistema que determine ARCA; y el artículo 70 manda actualizar los créditos laborales del régimen con la misma regla del artículo 276 de la LCT.

El artículo 49 lo resuelve con una remisión: en el despido indirecto —cuando la empleada denuncia el contrato con justa causa— corresponden las mismas indemnizaciones de los artículos 43 (sustitutiva del preaviso), 44 (integración del mes) y 48 (antigüedad). O sea, la misma liquidación que en un despido sin causa. Lo que hay que poder probar es la justa causa.

No en la Ley 26.844. Su artículo 50, que la preveía, fue derogado por el artículo 99 de la Ley 27.742 en julio de 2024 — antes de la reforma de 2026, así que no es novedad de esta ley, pero sigue apareciendo en publicaciones que no se actualizaron. La falta de registración tiene otras consecuencias (aportes adeudados, prueba de la relación), pero esa indemnización agravada específica ya no está en el texto.