Fondo de Asistencia Laboral: qué se aporta desde el 1° de noviembre de 2026

«A efectos de su capitalización y con el fin de garantizar la estabilidad financiera, el Fondo de Asistencia Laboral no responderá por las extinciones laborales previstas en el artículo 58 de la presente ley, hasta luego de haber recibido las contribuciones correspondientes a al menos seis (6) períodos mensuales, en los términos que determine la reglamentación.»

«El período de carencia mínimo de SEIS (6) períodos mensuales se computará desde el mes calendario en que se registre en la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) la efectiva integración de la primera contribución del empleador al Fondo de Asistencia Laboral, y abarcará SEIS (6) períodos de devengamiento y pago completos y consecutivos.»

El decreto es el que evita la discusión: no se cuentan meses corridos desde que arranca el régimen, sino seis períodos de devengamiento y pago completos y consecutivos desde que ARCA registra la primera contribución efectivamente integrada.

«Los referidos fondos sólo podrán prestar cobertura respecto de trabajadores registrados con una antelación no menor a doce (12) meses de la fecha de la extinción de la relación laboral. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia prestarán cobertura respecto de trabajadores no registrados.»

Dos filtros en una sola oración. El de los doce meses deja fuera del Fondo justamente a las relaciones más cortas —que son las que más se extinguen—, y el de los no registrados es absoluto: «en ningún caso y bajo ninguna circunstancia». La indemnización se paga igual; lo que no se puede es pagarla con la cuenta.

«Sólo se admitirá la inversión en instrumentos financieros o valores negociables emitidos y negociados en la REPÚBLICA ARGENTINA, no admitiéndose la inversión en instrumentos financieros o valores negociables cuyo activo subyacente se encuentre emitido o negociado en el exterior.»

Define el universo de inversión del fondo. Ningún activo con subyacente emitido o negociado en el exterior.

«El tope de comisión del UNO POR CIENTO (1 %) es de carácter global e integral, y comprende la totalidad de las contraprestaciones que perciban las Entidades Habilitadas y cualquier otro interviniente, calculado en forma anual sobre el total de los activos administrados.»

Cierra la puerta a comisiones adicionales por fuera del tope: comprende «cualquier otro interviniente».

«Prorrógase, al 1° de noviembre de 2026, la fecha de entrada en vigencia del régimen establecido en el Título II - Fondo de Asistencia Laboral de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802.»

El art. 77 de la ley fijaba el 1° de junio de 2026 y permitía correrlo hasta seis meses. El Poder Ejecutivo usó el plazo entero. Es la única prórroga de toda la Ley de Modernización Laboral.

El 1° de noviembre de 2026. El art. 77 de la Ley 27.802 lo había fijado para el 1° de junio de 2026 y facultaba al Poder Ejecutivo a prorrogarlo «por el plazo máximo de seis (6) meses»: el art. 27 del Decreto 408/2026 (B.O. 1/6/2026) usó ese plazo entero. Es la única prórroga de toda la ley — el resto del articulado rige desde el 6 de marzo de 2026.

El art. 60 fija dos alícuotas sobre la misma base que las contribuciones patronales al SIPA: 1% para las grandes empresas y 2.5% para las Micro, Pequeñas y Medianas de la Ley 24.467. El segundo párrafo del mismo artículo permite subirlas hasta 1.5% y 3% respectivamente, pero sólo si lo dispone el Poder Ejecutivo «atendiendo al cumplimiento de las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal» y con aprobación previa de la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social.

No, y está escrito en dos lugares. El art. 76 de la ley da al empleador «una reducción en las contribuciones patronales con destino a la seguridad social equivalente» a lo que aporta al Fondo, y el art. 24 del Decreto 408/2026 explica cómo: «los empleadores detraerán mensualmente la alícuota de contribución al Fondo de Asistencia Laboral (…) de aquella que les corresponde». O sea que el peso se desvía de la seguridad social a una cuenta del propio empleador. La única excepción está escrita: las relaciones alcanzadas por el RIFL «mientras persista sus efectos» no tienen esa reducción, y ahí sí el aporte es plata adicional.

No. Es la confusión más cara y la ley la desmiente en su propio texto: «El presente régimen no modifica, sustituye, ni altera el régimen indemnizatorio.» (art. 58, último párrafo). El art. 64 lo repite del lado del dinero: «La existencia, inexistencia o insuficiencia de recursos en la cuenta no limita, reduce, altera ni condiciona la responsabilidad del empleador por el pago íntegro de las obligaciones a su cargo derivadas de la extinción del vínculo laboral.». Y el art. 68 cierra el círculo: las entidades administradoras «en ningún caso se considerarán sujetos obligados frente al trabajador». El trabajador le sigue cobrando al empleador, por los mismos importes de siempre; el fondo es una caja del empleador para pagarlos.

No antes de 6 períodos. El art. 65 dice que el fondo «no responderá» hasta haber recibido las contribuciones de al menos seis períodos mensuales, y el art. 15 del decreto precisa el cómputo: se cuenta desde el mes calendario en que ARCA registra la efectiva integración de la primera contribución, y son seis períodos de devengamiento y pago «completos y consecutivos».

No. El art. 58 pone dos filtros. El primero: sólo hay cobertura respecto de «trabajadores registrados con una antelación no menor a doce (12) meses de la fecha de la extinción de la relación laboral». El segundo, más tajante: «En ningún caso y bajo ninguna circunstancia prestarán cobertura respecto de trabajadores no registrados». Y si la relación está registrada de modo deficiente, el art. 64 y el art. 13 del decreto limitan la cobertura a lo que correspondería según los datos efectivamente registrados — el empleador paga la diferencia igual.

Tres grupos. El último párrafo del art. 58 excluye a la industria de la construcción (Ley 22.250) y al personal de casas particulares (Ley 26.844); el art. 2 del Decreto 408/2026 agrega al Sector Público, definido por el art. 8° de la Ley 24.156. La construcción es el caso interesante: ya tiene un fondo de cese desde 1980, y ése sí reemplaza a la indemnización — que es exactamente lo que el FAL no hace.

Sí. La cuenta es «un patrimonio separado, de afectación específica, independiente, inajenable e inembargable» (art. 59), es del empleador y «de carácter común y no individualizable por trabajador» (art. 62). Los rendimientos están exentos del Impuesto a las Ganancias (art. 67) y las cuentas de los fondos, del impuesto al cheque (art. 25 del decreto). Si el empleador se queda sin trabajadores registrados durante 6 meses continuos, la cuenta se extingue y el remanente se transfiere a una cuenta bancaria de su titularidad (art. 72).

Hasta 1%. El art. 71 fija ese tope y el art. 20 del decreto lo define sin lugar a interpretaciones: «El tope de comisión del UNO POR CIENTO (1 %) es de carácter global e integral, y comprende la totalidad de las contraprestaciones que perciban las Entidades Habilitadas y cualquier otro interviniente, calculado en forma anual sobre el total de los activos administrados.». O sea que no hay comisiones adicionales por fuera de ese techo. El empleador elige la entidad, pero el art. 62 le prohíbe elegir una en la que tenga participación directa o indirecta, bajo la multa del art. 75.

El art. 75 prevé una multa de hasta 2 veces el monto ingresado al Fondo, más su rendimiento devengado a la fecha de la multa, «sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que pudieran corresponder». La misma sanción alcanza a quien elija una entidad habilitada con la que tenga vinculación.

El art. 69 le da a la entidad administradora un plazo máximo de 5 días hábiles para transferir a la cuenta bancaria del trabajador, una vez verificada la declaración jurada que presenta el empleador. Pero el uso del fondo es una opción del empleador, no una obligación: «Ante cada situación prevista en el artículo 58 de la presente ley, que además cumpla con los requisitos previstos en el presente artículo, el empleador podrá optar por aplicar los recursos de la cuenta, o una parte de ellos, para el pago total o parcial de dicha obligación, o por no usarlos para ese caso y mantener los recursos en la cuenta.».