RIMI: ¿tu inversión califica?

Responsabilidad penal empresaria — alcanza también a los socios o accionistas.

En los términos de las leyes 19.551 y 24.522.

Ley 24.769 y el Régimen Penal Tributario de la Ley 27.430, el Código Aduanero (Título I, Sección XII) o el Régimen Penal Cambiario de la Ley 19.359. Alcanza también a directores, síndicos y representantes legales.

Es la causal más común y la más fácil de verificar antes de adherir.

El art. 184 inc. f) lo dice expresamente y faculta a la Autoridad de Aplicación a ampliar la exclusión. Una inversión, un régimen.

«A los efectos de lo establecido en este Régimen, las inversiones productivas se consideran realizadas en el ejercicio fiscal anual en el que se verifique su puesta en marcha y su afectación a la producción de ganancias gravadas, de acuerdo con la Ley de Impuesto a las Ganancias texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.»

No cuenta el ejercicio de la compra, sino el de la puesta en marcha y la afectación a la producción de ganancias gravadas. Es lo que decide en qué año arranca la amortización.

«Si los bienes que dieron origen al goce de los beneficios previstos en los artículos 182 y 183, dejaran de integrar el patrimonio del beneficiario dentro de los dos (2) años fiscales de que fueran afectados, se producirá la caducidad de los mismos, excepto cuando: a) Se debiera al reemplazo de un bien por otro -siempre que el valor de este último fuera igual o mayor al precio de venta del bien reemplazado-; b) Se produjera su destrucción por caso fortuito o fuerza mayor; o c) Hubiera transcurrido un tercio de la vida útil del bien que se trate, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.»

Vender el bien antes hace caducar los beneficios, salvo tres excepciones escritas. La del reemplazo exige que el nuevo valga igual o más que el precio de venta del reemplazado.

«Los créditos fiscales a que se refiere el primer artículo sin número a continuación del artículo 24 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, generados por las inversiones productivas comprendidas en el artículo 180 de la presente ley, podrán computarse a los efectos de su devolución prevista en este régimen, luego de transcurridos tres (3) períodos fiscales mensuales contados a partir de aquél en que haya resultado procedente su cómputo.»

Tres períodos fiscales mensuales de espera: la devolución se pide a partir del cuarto, no en el mes de la compra.

«Las personas jurídicas que accedan a los beneficios previstos en el Título VII - Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos 27.742 y/o a cualquier otro régimen de incentivos, por las mismas inversiones productivas.»

No se puede sumar el RIMI al RIGI ni a otro régimen de incentivos por la misma inversión productiva, y la Autoridad de Aplicación puede ampliar la exclusión.

«La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Economía, dictará las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente Título.»

Al 2026-08-27, el texto de la ley en InfoLEG no trae nota de reglamentación para este Título. Conviene verificar en ARCA antes de adherir: la ley ya rige, la operatoria puede estar pendiente.

Es el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, creado por el Título XXIII de la Ley 27.802 (arts. 177 a 188). Rige desde el 6 de marzo de 2026: el art. 217 dice que «salvo disposición en contrario los artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial», y este Título no tiene fecha propia ni prórroga — a diferencia del Título II, el Fondo de Asistencia Laboral, que sí la tiene.

Depende de la categoría MiPyME, y el art. 181 fija cuatro pisos en dólares: USD 150.000 para micro empresas, USD 600.000 para pequeñas, USD 3.500.000 para medianas de Tramo 1 y USD 9.000.000 para medianas de Tramo 2. Pero antes de mirar ese artículo hay que leer el anterior: el art. 180 exceptúa del piso a cuatro tipos de bien.

Riego, alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y bienes semovientes. El art. 180 lo dice al final, casi al pasar: esas inversiones «serán susceptibles de promoción, independientemente del monto de la inversión involucrada, en cada caso». Un equipo de riego de USD 20.000 califica aunque el piso de la categoría sea USD 150.000. Es la oración que decide si el régimen es para unas pocas empresas grandes o para cualquier explotación agropecuaria — y está en el artículo anterior al de los montos, que es justo donde nadie la busca.

El art. 180 la define: la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos —«excepto automóviles»— amortizables en Ganancias, y la realización de obras, todo «a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina». Y dice qué queda expresamente afuera: «las inversiones en activos financieros, de portfolio y bienes de cambio».

El art. 182 tiene cinco incisos con tres respuestas. Bienes muebles amortizables: dos cuotas anuales, iguales y consecutivas. Obras: «como mínimo» la cantidad de cuotas que surja de reducir la vida útil al 60% de la estimada. Y una sola cuota para equipos de riego agrícola y de alta eficiencia energética, bienes semovientes amortizables y mallas antigranizo — los mismos cuatro que están exceptuados del monto mínimo.

El beneficio es de timing, no de monto: deducís antes lo mismo, no más. Cuánto vale ese adelanto depende de tu alícuota de Ganancias y de tu tasa de descuento, y ninguna de las dos está en la ley. Por eso esta página calcula el cronograma de cuotas —que sí es aritmética verificable— y no publica un ahorro en pesos que sería inventado.

El art. 183 permite computar los créditos fiscales generados por las inversiones productivas a los efectos de su devolución «luego de transcurridos tres (3) períodos fiscales mensuales contados a partir de aquél en que haya resultado procedente su cómputo». O sea que la devolución se puede pedir a partir del cuarto período, no en el mismo mes de la compra.

No dentro de los 2 años fiscales desde que se afectó, o caducan los beneficios (art. 186). Hay tres excepciones escritas: el reemplazo por otro bien de valor igual o mayor al precio de venta, la destrucción por caso fortuito o fuerza mayor, y que haya transcurrido un tercio de la vida útil del bien «en los términos y condiciones que establezca la reglamentación». La Autoridad de Aplicación puede ampliar las causales.

No por la misma inversión. El art. 184 inc. f) excluye a quienes accedan al RIGI de la Ley 27.742 «y/o a cualquier otro régimen de incentivos, por las mismas inversiones productivas», y faculta a la Autoridad de Aplicación a ampliar o modificar esa exclusión. Si se pierde el derecho después de haber adherido, es causal de caducidad total de los beneficios de los arts. 182 y 183.

El art. 187 obliga a restituir al Fisco los créditos fiscales devueltos y el Impuesto a las Ganancias ingresado en defecto, más intereses resarcitorios, y agrega una multa que «no podrá exceder de 2 veces el monto de la franquicia usufructuada», graduada por ARCA. Antes hay sumario administrativo con derecho de defensa.

El art. 188 manda a ARCA dictar «las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias», y el art. 179 remite a la reglamentación para el cómputo de los 2 primeros años del régimen. Al 2026-08-27, el texto de la ley en InfoLEG no trae nota de reglamentación para este Título —a diferencia del Título II, donde sí figura la del Decreto 408/2026—. Antes de adherir conviene verificar en ARCA si ya salió la resolución general: esta página publica lo que dice la ley, que es lo que no va a cambiar.