Caducidad de instancia en el juicio laboral

Exige que los peritos médicos y psicólogos sean profesionales legistas o especialistas en la rama que corresponda al objeto de la pericia.

Cuando el Estado nacional —Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Ministerio Público, incluidos los entes del art. 8° inc. a) de la Ley 24.156— es parte o tercero interesado, la causa va al Contencioso Administrativo Federal (o a la Justicia Federal contencioso administrativa en el resto del país). El artículo lo cierra con una frase que no deja margen: «En ningún caso la Justicia Nacional del Trabajo podrá expedirse en las causas aquí comprendidas», y da por modificada toda norma que le asigne esa competencia.

A elección del demandante: el juez del lugar de trabajo, el de celebración del contrato o el del domicilio del empleador. En las causas por cobro de aportes, contribuciones o cuotas iniciadas por asociaciones profesionales, el juez del domicilio del demandado. En las de riesgos del trabajo (Leyes 24.557 y 27.348) se está a la competencia territorial de esas leyes.

Remite en bloque al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para recusaciones con y sin expresión de causa y excusaciones de jueces, secretarios, árbitros y peritos.

El cambio más grande del Título, y el que esta página calcula. El procedimiento pasó de impulsarse de oficio por los jueces a impulsarse por las partes, con caducidad de instancia de 6, 3 o 1 mes y sin necesidad de intimación previa.

Inciso nuevo: hay que mencionar los medios de prueba que se intenten hacer valer y presentar los documentos que se tengan; si no se los tiene, individualizarlos indicando su contenido y en poder de quién o en qué archivo u oficina están.

Ajusta la contestación al art. 65 de la ley y al art. 356 del CPCCN, da traslado de la documentación al actor —que tiene tres días para reconocerla o desconocerla— y establece que el demandado citado que no contesta es declarado rebelde, «presumiéndose como ciertos los hechos expuestos» en la demanda, salvo prueba en contrario. También manda tener por enderezada la acción cuando hay discordancia entre los datos del demandado y los de quien contesta, salvo oposición expresa del actor.

Remite al CPCCN y exige ofrecer toda la prueba de la excepción junto con su oposición. Y fija una condición para la prescripción: para que se resuelva de previo y especial pronunciamiento, no debe requerir producción de prueba.

Inciso nuevo en la lista de sentencias apelables: las que rechazan excepciones de incompetencia y de falta de legitimación pasiva y activa.

Regla general: las apelaciones anteriores a la sentencia se tienen presentes con efecto diferido hasta que la sentencia definitiva ponga fin al proceso de conocimiento en primera instancia — «aún en juicios prima facie inapelables». Las excepciones son cuatro: el caso del art. 146, la competencia del tribunal, la falta de legitimación pasiva y activa, y las medidas cautelares. Se lee junto con el art. 86: lo que quedó apelable de inmediato es exactamente lo que ese inciso agregó.

Remite al CPCCN y agrega una prohibición: los criterios de aplicación obligatoria o sugerida para resolver aspectos de las causas «no podrán ser establecidos por otro instrumento que no sea sentencia plenaria».

Los jueces laborales deben adecuar «de forma obligatoria» sus decisiones a los precedentes de la Corte Suprema en la materia, y el apartamiento infundado «configurará una causal de mal desempeño en sus funciones». No modifica ninguna norma previa: es un artículo autónomo de la reforma.

El art. 90 aprueba el Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del ámbito nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 91 encomienda al Ejecutivo transferir los recursos garantizando el funcionamiento transitorio de la Justicia Nacional del Trabajo; y el 92 mantiene la vigencia de la Ley 18.345 hasta que ese proceso de transferencia concluya.

El art. 93 aplica el Título entero «a todos los procesos en trámite a partir del día siguiente al de la publicación», con la sola excepción de los arts. 79 y 80. Esos dos —competencia por materia y territorial— van por el art. 94: rigen desde la misma fecha, pero sólo en los procesos en trámite «en los que la competencia estuviere pendiente de resolución».

Sí, desde el 6 de marzo de 2026. Antes no: el artículo 46 de la Ley 18.345 se llamaba «Impulso de oficio» y decía que «el procedimiento será impulsado de oficio por los jueces», así que un expediente parado no se caía por el paso del tiempo. El artículo 82 de la Ley 27.802 lo sustituyó entero — hasta el epígrafe, que ahora es «Impulso del proceso» — y estableció que «el procedimiento será impulsado por las partes».

Tres, según el inciso: seis meses en primera o única instancia; tres meses en segunda instancia y en cualquier instancia del juicio sumarísimo, el ejecutivo, las ejecuciones especiales y los incidentes; y un mes en el incidente de caducidad de instancia.

No, y el artículo lo dice con esas palabras: la caducidad se produce cuando no se instare el curso del proceso dentro de los plazos «sin necesidad de intimación previa». Es la diferencia práctica más importante con el régimen anterior.

Sí. El artículo 93 de la Ley 27.802 dice que las modificaciones del Título «serán de aplicación a todos los procesos en trámite a partir del día siguiente al de la publicación», o sea desde el 7 de marzo de 2026. La única excepción son los artículos 79 y 80 —competencia por materia y territorial—, que van por el artículo 94: rigen desde la misma fecha pero sólo en los procesos donde la competencia estuviera pendiente de resolución.

La ley no lo dice, y conviene ser honesto con eso. El artículo 93 fija que el Título se aplica a los procesos en trámite, pero no establece el punto de partida del cómputo para actos anteriores a su entrada en vigencia. Las dos lecturas razonables —contar desde el último acto de impulso, o contar desde el 7 de marzo de 2026— dan fechas muy distintas justamente en los expedientes más viejos. Por eso la calculadora muestra las dos y no elige por vos.

Lo define el propio artículo: «La instancia se abre con la promoción de la demanda aunque no hubiere sido notificada la resolución que dispone su traslado y termina con el dictado de la sentencia». Es decir que el plazo puede estar corriendo antes de que la demanda esté notificada.

El Título III de la reforma tiene diecisiete artículos. Además de la caducidad: el Estado nacional sale del fuero laboral cuando es parte o tercero interesado; la demanda debe mencionar los medios de prueba; el demandado que no contesta es declarado rebelde con presunción de verdad de los hechos; casi todas las apelaciones anteriores a la sentencia quedan con efecto diferido; los criterios obligatorios sólo pueden fijarse por sentencia plenaria; los precedentes de la Corte Suprema pasan a ser obligatorios para los jueces laborales; y se aprueba el traspaso del fuero nacional del trabajo a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Sí, y con una consecuencia escrita. El artículo 89 dice que los jueces que resuelvan causas laborales «deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia», y que «el apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones».

Salen del fuero laboral. El artículo 79 sustituyó el artículo 20 de la Ley 18.345: cuando el Estado nacional —Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Público, incluidos los entes del artículo 8° inciso a) de la Ley 24.156— es parte o tercero interesado, la competencia es del Contencioso Administrativo Federal de la CABA y, en el resto del país, de la Justicia Federal con competencia contencioso administrativa. El artículo lo cierra así: «En ningún caso la Justicia Nacional del Trabajo podrá expedirse en las causas aquí comprendidas».

No, y no puede. Calcula el vencimiento del plazo contado desde el acto que declarás, pero no conoce los actos interruptivos posteriores, las suspensiones, las ferias ni las particularidades del expediente — y la caducidad la declara el juez. Sirve para saber si hay que mirar la causa, no para darla por perdida.