Negociar de buena fe: la multa, los plazos y lo que cambió

Hasta el 20% del total de la masa salarial del mes en que se produzca el hecho, correspondiente a los trabajadores comprendidos en el ámbito personal de la negociación. Es un techo, no un importe: el inciso dice «hasta un máximo equivalente». Si la parte infractora mantiene su actitud, el importe se incrementa un 10% por cada 5 días de mora en acatar la decisión judicial, y en caso de reincidencia el máximo puede elevarse hasta el 100% de esos montos.

Cambió el verbo, que es lo que casi nadie miró porque el número siguió igual. El texto anterior decía que el tribunal «podrá, además, sancionar a la parte incumplidora»; el vigente dice que «sancionará». Con el texto viejo el juez podía ordenar el cese sin multar; con el nuevo la sanción acompaña al cese.

Puede ser, y esa posibilidad es nueva. Antes, si los actos cesaban dentro del plazo que fijara la sentencia, el monto «podrá ser reducido por el juez hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%)». Hoy el plazo es de 10 días —fijo, y la decisión judicial «debe» establecerlo— y el monto «podrá ser eliminada por el juez». Se pasó de una quita de hasta la mitad a la posibilidad de que no quede nada.

No, y ése es el otro cambio grande. El texto anterior sólo habilitaba a «promover una acción judicial». El vigente permite pedirle antes a la Secretaría de Trabajo que adopte las medidas conducentes para concretar la mesa de negociación, y entre esas facultades incluye una que pesa: «delimitar el alcance de la prórroga en la vigencia de las cláusulas obligacionales del Convenio Colectivo de Trabajo que se intenta renegociar si a ese momento aún se encontrasen vigentes». La vía judicial sigue disponible, pero ya no es la única.

Desde el 6 de marzo de 2026 lo dice el artículo: en una negociación por empresa o por región, la representación sindical es la del sindicato o los sindicatos de primer grado o de empresa con personería gremial en el ámbito territorial y personal que se pretenda negociar. Y agrega que «esta disposición es de orden público por cuanto toda disposición establecida por estatuto de la Organización Sindical de Segundo o Primer Grado que se oponga a la misma, no será válida». En una negociación por actividad, en cambio, la representación es de la federación u organización gremial de primer grado con alcance nacional.

La distribución de los beneficios de la productividad, la situación actual del empleo y las previsiones sobre su futura evolución. Si la negociación es a nivel de empresa, se suman siete temas más: situación económica de la empresa y su entorno, costo laboral unitario, causales e indicadores de ausentismo, innovaciones tecnológicas y organizacionales previstas, organización y distribución del tiempo de trabajo, siniestralidad laboral y planes de formación profesional. En procedimientos preventivos de crisis y en empresas concursadas hay listas propias.

En 15 días desde la recepción de la notificación del artículo 2°. Y son días hábiles administrativos: lo dice el artículo 8° de la misma ley, que la reforma no tocó.

A los 30 días hábiles administrativos de recibida la solicitud — pero con una condición que antes no estaba. El texto anterior decía «transcurrido dicho plazo se la considerará tácitamente homologada»; el vigente agrega «sin que existan observaciones a cumplir por las partes». Si quedaron observaciones pendientes, el silencio ya no homologa.

La ley no lo dice. El inciso escribe que «el importe de la sanción se incrementará en un diez por ciento (10%) por cada cinco (5) días de mora» y ahí termina. Las dos lecturas son defendibles y a las pocas semanas dan números bien distintos, así que esta página muestra las dos en vez de elegir una y hacerla pasar por la única.

Siguen disponibles, y la remisión se actualizó: el texto anterior mandaba al artículo 666 bis del Código Civil —una norma derogada por el Código Civil y Comercial— y el vigente manda al artículo 804 del Código Civil y Comercial de la Nación. El juez las puede aplicar a pedido de parte, además de la multa.

A programas de inspección: el inciso dice que «todos los importes que así se devenguen tendrán como exclusivo destino programas de inspección de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano». No la cobra la parte que ganó el juicio.