Servicios esenciales y guardias mínimas en una huelga

«Cumplida la obligación impuesta a las partes del conflicto por el artículo 2º de la ley 14.786 y vencido el plazo de quince (15) días previsto en el artículo 11 de la misma ley, la parte que se propusiere ejercer medidas de acción directa que involucren a los servicios referidos en este artículo, deberá preavisarlo a la otra parte y a la Autoridad de Aplicación en forma fehaciente y con cinco (5) días de anticipación a la fecha en que se realizará la medida.»

«Dentro del día inmediato siguiente a aquél en que se efectuó el preaviso establecido en el artículo anterior, las partes acordarán ante la Autoridad de Aplicación sobre los servicios mínimos que se mantendrán con arreglo a lo dispuesto en este artículo, párrafo segundo, las modalidades de su ejecución, señalando concreta y detalladamente la forma en que se ejecutarán las prestaciones, incluyendo la designación del personal involucrado, pautas horarias, asignación de funciones y equipos.»

«Si las partes no cumplieran con las obligaciones previstas en los apartados que anteceden dentro de los plazos establecidos para ello, o si los servicios mínimos acordados por las mismas fueren insuficientes, la Autoridad de Aplicación, en consulta con la Comisión de Garantías, fijará los servicios mínimos para asegurar la prestación del servicio, cantidad de trabajadores que se asignará a su ejecución, pautas horarias, asignación de funciones y equipos, procurando resguardar tanto el derecho de huelga como los derechos de los usuarios afectados.»

«Las partes (…) garantizarán la ejecución de los servicios mínimos y deberán poner en conocimiento de los usuarios, por medios de difusión masiva, las modalidades que revestirá la prestación durante el conflicto, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio de las medidas de acción directa, detallando el tiempo de iniciación y la duración de las medidas, la forma de distribución de los servicios mínimos garantizados y la reactivación de las prestaciones.»

«Si la medida de acción directa consistiere en paro nacional de actividades o cualquier otra ejercida por centrales sindicales u organizaciones empresariales con representatividad sectorial múltiple, se aplicarán las disposiciones establecidas en el presente artículo.»

«La inobservancia por alguna de las partes de los procedimientos conciliatorios establecidos en la legislación vigente, o el incumplimiento de las resoluciones dictadas por la Autoridad de Aplicación o de los pronunciamientos emitidos por la Comisión de Garantías en ejercicio de sus facultades, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas por las leyes 14.786, 23.551 y 25.212, sus modificatorias y sus normas reglamentarias y complementarias, según corresponda. La falta de cumplimiento del deber de trabajar por las personas obligadas a la ejecución de los servicios mínimos, dará lugar a las responsabilidades previstas en las disposiciones legales, estatutarias o convencionales que les resultaren aplicables.»

El artículo 24 de la Ley 25.877 fija dos pisos: 75% del servicio normal en los servicios esenciales en sentido estricto y 50% en las actividades de importancia trascendental. Son pisos, no metas: el texto dice que «en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor». Y suma un tercero que antes no existía: las fuerzas de seguridad no pueden cubrir menos del 100%.

Desde el 6 de marzo de 2026 son ocho: cuidado de menores y educación hasta el secundario, más la especial; servicios sanitarios, hospitalarios y farmacéuticos; agua potable, gas, petróleo, otros combustibles y energía eléctrica; telecomunicaciones e internet; recolección de residuos; aeronáutica comercial, control de tráfico aéreo y portuario y todos los servicios portuarios; transporte de caudales; y servicios privados de seguridad y custodia.

Los porcentajes no: el 75% y el 50% ya venían del Decreto 70/2023. Cambió la lista. Entraron como esenciales recolección de residuos, transporte de caudales, servicios privados de seguridad y custodia. Los servicios aduaneros y migratorios bajaron de esencial a trascendental, o sea de 75% a 50%. Los servicios portuarios hicieron el camino inverso y subieron. Y desapareció un inciso entero de la categoría trascendental, con lo que salieron de la lista 9 actividades: minería, correos, logística, frigoríficos, actividad agropecuaria, distribución de alimentos y bebidas, materiales de la construcción, reparación de aeronaves y buques y servicios aeroportuarios.

Porque copian la del Decreto 70/2023, que circula desde diciembre de 2023 y que rigió hasta el 5 de marzo de 2026 (la justicia había suspendido su vigencia y el Decreto 628/2025 la restituyó). El artículo 24 se reescribió cuatro veces en veintisiete meses, y una de esas versiones (la del Decreto 340/2025) la rechazaron las dos cámaras del Congreso. La lista vigente es la del artículo 101 de la Ley 27.802.

Es una ley, y esa es la diferencia práctica más grande. Los textos anteriores del artículo 24 venían de decretos de necesidad y urgencia, y por eso la justicia los podía suspender o el Congreso los podía rechazar (y pasaron las dos cosas). El texto vigente lo votó el Congreso en la Ley 27.802 y rige desde que se publicó en el Boletín Oficial, por el artículo 217, sin fecha diferida ni prórroga.

Con 5 días, y recién después de pasar por la conciliación obligatoria. El apartado 24.1 exige avisar «a la otra parte y a la Autoridad de Aplicación en forma fehaciente» una vez cumplido el artículo 2° de la Ley 14.786 y vencido el plazo de 15 días de su artículo 11. Además, 48 horas antes de empezar hay que informar a los usuarios, por medios masivos, cómo va a funcionar el servicio (apartado 24.4).

La ley no lo dice: el artículo 11 de la Ley 14.786 escribe «quince días», sin más. Y el legislador sabía distinguir: el artículo 6 de esa misma ley dice «10 días hábiles» cuando quiere decir hábiles. Leído al pie de la letra, son días corridos; en la práctica administrativa se suelen contar hábiles, y eso mueve la fecha alrededor de una semana. Por eso la calculadora muestra las dos cuentas en vez de elegir una.

La ley no le fija un piso de cobertura, pero eso no la deja afuera para siempre. La Autoridad de Aplicación, a propuesta de la Comisión de Garantías, puede calificarla como esencial o de importancia trascendental por resolución fundada. El artículo nombra los cuatro motivos: peligro para la vida, la salud o la seguridad de la comunidad; servicio público de importancia trascendental o de utilidad pública; crisis nacional aguda; o riesgo para el abastecimiento de productos críticos.

Cambió quién decide. Antes lo decidía directamente la Comisión de Garantías. Ahora califica «la Autoridad de Aplicación a propuesta de» esa comisión, que sigue teniendo cinco miembros y sigue necesitando una reglamentación para armarse. También se cayó uno de los motivos para calificar: el texto anterior incluía el riesgo de «afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal», y el vigente no lo repite.

No. El apartado 24.5 lo dice claro: si la medida es un paro nacional o cualquier otra que hagan centrales sindicales u organizaciones empresariales que representan a varios sectores, se aplican las mismas reglas del artículo 24.

El apartado 24.6 remite a las sanciones de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212 para quien no cumpla la conciliación, las resoluciones de la Autoridad de Aplicación o lo que diga la Comisión de Garantías. Y para quien debía cubrir la guardia mínima y no trabajó, remite a las responsabilidades «previstas en las disposiciones legales, estatutarias o convencionales que les resultaren aplicables».

Te da una referencia, no la respuesta final, y conviene entender por qué. El porcentaje del artículo 24 es sobre «la prestación normal del servicio», no sobre la cantidad de personal, y en muchas actividades esas dos cosas no van en proporción. Lo que la ley manda es acordar los servicios mínimos ante la Autoridad de Aplicación «señalando concreta y detalladamente» personal, horarios, funciones y equipos (apartado 24.2). Si no hay acuerdo, o lo acordado no alcanza, los fija la autoridad consultando a la Comisión de Garantías.