Mi convenio colectivo está vencido: ¿qué me sigue aplicando?

La Autoridad de Aplicación pasa a nombrarse Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, y los convenios de empresa o grupo de empresas se presentan para registro, publicación y depósito: la homologación queda a pedido de parte.

Por el art. 130 de la Ley 27.802.

Suma «y beneficios individuales directos del trabajo y los beneficios otorgados para el trabajador» a lo que queda subsistente, y elimina la prórroga de las cláusulas obligacionales por decreto del Poder Ejecutivo.

Por el art. 131 de la Ley 27.802.

La comparación de favorabilidad ahora remite expresamente a las pautas del art. 9° de la LCT. Desaparece el párrafo que validaba las cláusulas destinadas a favorecer la acción de las asociaciones de trabajadores.

Por el art. 132 de la Ley 27.802.

0,5% de las remuneraciones para lo que va a cámaras y entidades de empleadores, 2% para lo que va a asociaciones de trabajadores. Quedan afuera la cuota de afiliación sindical y los beneficios por afiliación.

Por el art. 133 de la Ley 27.802.

Los representantes tienen que ser del mismo ámbito personal y territorial del convenio: la paritaria deja de poder integrarse con gente de afuera de ese ámbito.

Por el art. 134 de la Ley 27.802.

Se invierte: el de ámbito mayor ya no puede modificar ni disponer el contenido del de ámbito menor, y quien establece las formas de articulación pasa a ser el convenio de empresa.

Por el art. 135 de la Ley 27.802.

Cae el test de «condiciones más favorables» y la comparación por instituciones: el convenio de ámbito menor prevalece frente al de ámbito mayor, anterior o posterior.

Por el art. 136 de la Ley 27.802.

El art. 10 (extender un convenio a zonas no comprendidas) y el art. 21 (el mecanismo voluntario de mediación, conciliación y arbitraje para los convenios en ultraactividad) dejaron de existir.

Por el art. 211 de la Ley 27.802.

En parte, y esa parte está escrita. El art. 6 de la Ley 14.250 mantiene vivas las cláusulas normativas (las condiciones y beneficios individuales directos del trabajo y los beneficios otorgados al trabajador) hasta que empiece a regir un convenio nuevo o haya un acuerdo de partes que lo prorrogue. Las cláusulas obligacionales, las que obligan a las partes firmantes entre sí, siguen solo si las partes lo acuerdan.

No, y esa frase habla de otra norma. El que recortó la ultraactividad fue el art. 86 del DNU 70/2023, vigente desde el 21 de diciembre de 2023: dejaba vivas solo «las normas referidas a las condiciones de trabajo». El art. 131 de la Ley 27.802 mantuvo esa frase y le AGREGÓ «y beneficios individuales directos del trabajo y los beneficios otorgados para el trabajador». Hoy un convenio vencido conserva más cosas que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026.

La prórroga por decreto. El texto anterior permitía que las cláusulas obligacionales siguieran «por acuerdo de partes o por la específica prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional». El vigente dice, corto: «mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes». El Poder Ejecutivo perdió esa facultad, y es el cambio del que casi nadie habla.

La ley define a las primeras por lo que contienen (condiciones y beneficios individuales directos del trabajo, y beneficios otorgados al trabajador) y a las segundas por descarte: «el resto de las cláusulas». En la práctica, lo normativo es lo que le llega a cada trabajador (escalas, adicionales, jornada, licencias del convenio). Lo obligacional es lo que se deben entre sí las partes que firmaron (aportes a la entidad, paritarias, paz social, facilidades sindicales). En qué grupo cae una cláusula puntual se discute caso por caso: la ley da el criterio, no la lista.

Desde el 6 de marzo de 2026, el de empresa. El art. 19 vigente (texto del art. 136 de la Ley 27.802) dice que «un convenio de ámbito menor, prevalece, dentro de su ámbito de representación personal y territorial, frente a otro convenio de ámbito mayor, anterior o posterior». No se mira cuál es más favorable: gana aunque sea peor.

Sí, y es el gran cambio. El texto anterior del art. 19 inc. b) decía que un convenio de otro ámbito modificaba al anterior «en tanto establezca condiciones más favorables para el trabajador», y agregaba que «la comparación de ambos convenios deberá ser efectuada por instituciones» (tema por tema, no comparando los paquetes completos). Las dos frases desaparecieron. El inciso a) también se endureció: pasó de «puede modificar» a «modifica en cualquier sentido».

Frente al convenio de actividad, sí: es justo lo que permite el art. 19 vigente. Lo que no puede es bajar del piso de la ley ni del de tu contrato individual. El art. 8, que la reforma no tocó, sigue diciendo que aplicar los convenios colectivos «no podrá afectar las condiciones más favorables a los trabajadores, estipuladas en sus contratos individuales de trabajo».

Se dio vuelta. El art. 18 anterior le daba al convenio de ámbito mayor la facultad de fijar cómo se articulan y de delegarle temas al menor. El vigente arranca al revés: «Los Convenios Colectivos de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor», y el que puede fijar cómo se articulan es el convenio de empresa.

Sí, pero no es para vos: es para el Estado. El art. 137 de la Ley 27.802 le da a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social «el plazo de un (1) año contado desde la promulgación de la presente ley» para llamar a las partes a negociar, renegociar o ratificar las cláusulas de los convenios vencidos. La ley se promulgó el 5 de marzo de 2026 por el Decreto 137/2026, así que el plazo vence el 5 de marzo de 2027. Es un día antes de lo que da la cuenta si se usa la fecha del Boletín Oficial, que es la que se suele tomar.

Es lo nuevo y lo más delicado del art. 137. Cualquiera de las partes habilitadas puede pedir que se suspendan los efectos de la homologación de un convenio cuyas cláusulas normativas siguen vigentes solo por ultraactividad. Tiene que alegar y demostrar de forma rápida que aplicarlo «genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general». La suspensión dura hasta que la paritaria del convenio nuevo termine su trabajo.

Sigue en pie el art. 11, que la reforma no tocó: vencido el convenio, o en los sesenta días antes de que venza, la autoridad tiene que abrir la negociación si cualquiera de las partes interesadas lo pide. Lo que sí desapareció es el art. 21, que obligaba al Estado a armar un sistema voluntario de mediación, conciliación y arbitraje justo para los convenios en ultraactividad. Lo derogó el art. 211 de la Ley 27.802.