Mi convenio colectivo está vencido: ¿qué me sigue aplicando?

La Autoridad de Aplicación pasa a nombrarse Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, y los convenios de empresa o grupo de empresas se presentan para registro, publicación y depósito: la homologación queda a pedido de parte.

Por el art. 130 de la Ley 27.802.

Suma «y beneficios individuales directos del trabajo y los beneficios otorgados para el trabajador» a lo que queda subsistente, y elimina la prórroga de las cláusulas obligacionales por decreto del Poder Ejecutivo.

Por el art. 131 de la Ley 27.802.

La comparación de favorabilidad ahora remite expresamente a las pautas del art. 9° de la LCT. Desaparece el párrafo que validaba las cláusulas destinadas a favorecer la acción de las asociaciones de trabajadores.

Por el art. 132 de la Ley 27.802.

0,5% de las remuneraciones para lo que va a cámaras y entidades de empleadores, 2% para lo que va a asociaciones de trabajadores. Quedan afuera la cuota de afiliación sindical y los beneficios por afiliación.

Por el art. 133 de la Ley 27.802.

Los representantes tienen que ser del mismo ámbito personal y territorial del convenio: la paritaria deja de poder integrarse con gente de afuera de ese ámbito.

Por el art. 134 de la Ley 27.802.

Se invierte: el de ámbito mayor ya no puede modificar ni disponer el contenido del de ámbito menor, y quien establece las formas de articulación pasa a ser el convenio de empresa.

Por el art. 135 de la Ley 27.802.

Cae el test de «condiciones más favorables» y la comparación por instituciones: el convenio de ámbito menor prevalece frente al de ámbito mayor, anterior o posterior.

Por el art. 136 de la Ley 27.802.

El art. 10 (extender un convenio a zonas no comprendidas) y el art. 21 (el mecanismo voluntario de mediación, conciliación y arbitraje para los convenios en ultraactividad) dejaron de existir.

Por el art. 211 de la Ley 27.802.

En parte, y la parte está escrita. El art. 6 de la Ley 14.250 mantiene subsistentes las cláusulas normativas —las condiciones y beneficios individuales directos del trabajo y los beneficios otorgados al trabajador— hasta que entre en vigencia una convención nueva o haya un acuerdo de partes que la prorrogue. Las cláusulas obligacionales, las que obligan a las partes firmantes entre sí, mantienen su vigencia sólo por acuerdo de partes.

No, y esa frase describe otra norma. El texto que recortó la ultraactividad fue el art. 86 del DNU 70/2023, vigente desde el 21 de diciembre de 2023: dejaba subsistentes sólo «las normas referidas a las condiciones de trabajo». El art. 131 de la Ley 27.802 conservó esa frase y le AGREGÓ «y beneficios individuales directos del trabajo y los beneficios otorgados para el trabajador». Un convenio vencido conserva hoy más cosas que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026.

La prórroga por decreto. El texto anterior admitía que las cláusulas obligacionales siguieran «por acuerdo de partes o por la específica prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional». El vigente dice, seco: «mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes». El Poder Ejecutivo se quedó sin esa facultad, y es el cambio del que casi no se habla.

La ley define a las primeras por su contenido —condiciones y beneficios individuales directos del trabajo, y beneficios otorgados al trabajador— y a las segundas por resta: «el resto de las cláusulas». En la práctica, lo normativo es lo que llega al trabajador individual (escalas, adicionales, jornada, licencias del convenio) y lo obligacional es lo que se deben las partes firmantes entre sí (aportes a la entidad, paritarias, paz social, facilidades sindicales). El encuadre de una cláusula puntual se discute caso por caso: la ley da el criterio, no la lista.

Desde el 6 de marzo de 2026, el de empresa. El art. 19 vigente —texto del art. 136 de la Ley 27.802— dice que «un convenio de ámbito menor, prevalece, dentro de su ámbito de representación personal y territorial, frente a otro convenio de ámbito mayor, anterior o posterior». No hay test de favorabilidad: prevalece aunque sea peor.

Sí, y ese es el cambio grande. El texto anterior del art. 19 inc. b) decía que un convenio de ámbito distinto modificaba al anterior «en tanto establezca condiciones más favorables para el trabajador», y agregaba que «la comparación de ambos convenios deberá ser efectuada por instituciones» —institución por institución, no comparando los paquetes completos—. Las dos frases desaparecieron. El inciso a) también se endureció: pasó de «puede modificar» a «modifica en cualquier sentido».

Respecto del convenio de actividad, sí: eso es exactamente lo que habilita el art. 19 vigente. Lo que no puede es bajar del piso de la ley ni del de tu contrato individual: el art. 8, que la reforma no tocó, mantiene que la aplicación de las convenciones colectivas «no podrá afectar las condiciones más favorables a los trabajadores, estipuladas en sus contratos individuales de trabajo».

Se dio vuelta. El art. 18 anterior ponía al convenio de ámbito mayor a establecer las formas de articulación y a delegarle materias al menor. El vigente arranca al revés: «Los Convenios Colectivos de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor», y quien puede establecer formas de articulación es el convenio de empresa.

Sí, y no es para vos: es para el Estado. El art. 137 de la Ley 27.802 le da a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social «el plazo de un (1) año contado desde la promulgación de la presente ley» para convocar a las partes a negociar, renegociar o ratificar las cláusulas de los convenios vencidos. La ley se promulgó el 5 de marzo de 2026 por el Decreto 137/2026, así que el plazo vence el 5 de marzo de 2027 — un día antes de lo que da la cuenta si se toma la fecha del Boletín Oficial, que es la que se suele usar.

Es la parte nueva y la más filosa del art. 137. Cualquiera de las partes legitimadas puede pedir que se suspendan los efectos del acto de homologación de un convenio cuyas cláusulas normativas estén vigentes sólo por ultraactividad, alegando y demostrando sumariamente que su aplicación «genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general». La suspensión dura hasta que la paritaria del convenio nuevo termine su trabajo.

Sigue en pie el art. 11, que la reforma no tocó: vencido el convenio, o dentro de los sesenta días anteriores a su vencimiento, la autoridad debe disponer el inicio de las negociaciones a solicitud de cualquiera de las partes interesadas. Lo que sí desapareció es el art. 21, que obligaba al Estado a montar un mecanismo voluntario de mediación, conciliación y arbitraje justamente para los convenios en ultraactividad: lo derogó el art. 211 de la Ley 27.802.